Noticia07/11/2022

Cáritas y FOESSA proponen el presupuesto de vida digna que necesita un hogar para vivir

Cáritas Española y la Fundación FOESSA, institución privada sin ánimo de lucro fundada por Cáritas Española, han presentado el Presupuesto de Referencia para unas Condiciones de Vida Dignas con el objetivo de identificar qué necesita un hogar para vivir.

En España, seis millones de familias tienen unos ingresos muy por debajo de lo que necesitarían para vivir en condiciones de vida dignas; es decir que viven con ingresos inferiores al 85% de su presupuesto de referencia.

En el informe “El coste de la vida y estrategias familiares para abordarlo” presentado por ambas instituciones, se expone cómo afecta las heridas, todavía abiertas, de la pandemia reciente, y la incidencia que tiene en los hogares españoles esta nueva crisis de tipo inflacionaria, derivada principalmente de la guerra en Ucrania. El conjunto de la sociedad está siendo afectada por el encarecimiento del coste de la vida. Los recibos aumentan y cada vez cuesta más llenar la nevera y pagar las facturas.

El estudio propone la construcción del Presupuesto de Referencia para unas Condiciones de Vida Dignas (PRCVD). Se trata de un sistema de medición complementario, que permite abordar la pobreza no solo a partir de los ingresos disponibles, sino que los asocia a las necesidades básicas de los hogares.

Con esta herramienta nos enfrentamos a realidades como por ejemplo que seis de cada diez hogares vulnerables en España han tenido que reducir el consumo de electricidad, gas o agua.

Cerca de medio millón de familias con niños pequeños han dejado de utilizar el comedor escolar porque no pueden asumir su coste.

Una pareja con dos hijos adolescentes que vivan en Madrid y no disponen de 2.900 euros en el mes es un hogar vulnerable. En el caso de Ourense desciende a 2.400.

En el caso de Barcelona, un hogar unipersonal que viva con menos de 1.400 euros mensuales, es un hogar vulnerable. En iguales condiciones, pero viviendo en Cáceres, el listón se sitúa en los 1.000 euros mensuales.

El estudio sigue poniendo de manifiesto que los hogares con graves dificultades para satisfacer sus necesidades básicas se encuentran, sobre todo, entre quienes viven de alquiler, hogares con presencia de niños y niñas en edad de estudiar, personas con discapacidad o situación de dependencia, la existencia de deudas, la ausencia de ingresos estables y el paro de alguno o todos los miembros activos del hogar..

Hay que tener en cuenta que las partidas de gastos esenciales -vivienda, alimentación y transporte-, son los capítulos de gasto a los que las familias están dedicando la mayor parte de sus ingresos; precisamente capítulos donde están soportando el mayor incremento de los precios.

Debido a la inflación de estos gastos esenciales, las familias en peor situación – con ingresos menores a los 1.000 euros- al acabar el año destinarán 80 euros de cada 100 que ingresan mensualmente.

Este sistema de referencia que establece Cáritas y FOESSA en su estudio – y que la UE también está trabajando para definir una metodología común de medició para los estados miembros-  contempla no solo el acceso a los alimentos, sino otros bienes necesarios como por ejemplo la vivienda, su equipación o suministros (energía o internet). Así mismo, también se tiene en cuenta el acceso a otros derechos como por ejemplo: la educación, el ocio, los gastos sanitarios o la atención en situaciones de dependencia. En resumen, el presupuesto resultante es la suma de ocho partidas de gasto necesarias para que cualquier hogar pueda vivir en condiciones de vida digna.

Ante esta situación, Cáritas Española considera necesario que las políticas públicas aborden la pobreza y la desigualdad desde una doble perspectiva: rescatando a las familias que más están sufriendo, pero a la vez, también, perfeccionando el sistema de protección social a largo plazo.

Desde FOESSA inciden en que parece claro que las políticas sociales tienen que complementar los ingresos de los hogares cuando estos no son suficientes, facilitar el acceso a puestos de trabajo estables y de calidad, evitando la precariedad laboral, y promoviendo el acceso a una vivienda digna y adecuada mediante una política pública de vivienda. También resultan fundamentales las políticas de inversión en sanidad, educación y atención a la dependencia, para que estos hogares en situación de carencia no se vean en una trampa de pobreza que limita su capacidad de salir de la pobreza a medio y largo plazo.