Cáritas Cataluña hace públicas sus propuestas políticas para las elecciones en el Parlamento de Cataluña

Apenas empezada la campaña electoral para las elecciones en el Parlamento de Cataluña, Cáritas Cataluña hace públicas sus propuestas para los partidos políticos que concurren a estas elecciones vitales para el futuro de Cataluña.

Con el lema ‘No es ciencia ficción, es un futuro justo’, Cáritas Cataluña quiere remarcar que un futuro es posible si ponemos las personas más vulnerables en el centro de la agenda política. Este es el compromiso de Cáritas Cataluña con la realidad que acompaña y que ve, y considera que es el que tendría que guiar los cargos electos y el nuevo gobierno que salga de las elecciones.

1. Derecho a la buena administración y a la protección social

Hay que poner fin a la Administración ausente y al maltrato institucional. Las administraciones públicas tienen que garantizar que toda persona física se pueda relacionar con la Administración presencialmente en todo el territorio y en condiciones de igualdad y no discriminación. En cumplimiento de esta norma, la Generalitat no tiene que pedir al interesado documentación que puede obtener de otra Administración.

En cuanto al derecho a la protección social, los servicios sociales de todos los ayuntamientos de Cataluña tienen que atender a todas las personas que se encuentren en una situación de necesidad personal básica con independencia de su situación administrativa y de su empadronamiento, en cumplimiento de lo que establece el artículo 6.3 de la Ley 12/2007, de servicios sociales.

2. Acceso y mantenimiento de la vivienda digna

En cumplimiento de la Ley 18/2007, del derecho a la vivienda digna, es necesario lograr el objetivo de solidaridad urbana del 15%. Hay que activar por parte de la Generalitat y de la Agencia de la Vivienda de Cataluña todas las estrategias posibles –construcción, rehabilitación, compra, expropiación del uso y/o tanteo y retracto– para garantizar un parque de vivienda social de alquiler sólido y estable. Además, las administraciones tienen que disponer de vivienda social de emergencia para ofrecer una respuesta temporal de carácter universal hasta la provisión de una alternativa permanente para personas y familias en situación de vulnerabilidad social ante la pérdida de la vivienda. Finalmente, las ayudas al pago del alquiler tienen que permitir el acceso sin tener en cuenta la situación residencial y en cualquier momento del año para poder hacer frente a situaciones sobrevenidas. Reclamamos convocatorias, trámites y requisitos más accesibles.

3. Dignificación de las personas sin hogar y en situación de exclusión residencial

Ante el aumento de situaciones de calle y sin hogar, reclamamos una apuesta firme para la implementación y el despliegue de Marco de acción para el abordaje del sinhogarismo en todo el territorio catalán. A la vez, exigimos la reanudación urgente de la tramitación de la proposición de ley de medidas transitorias y urgentes para erradicar el sinhogarismo, iniciativa legislativa pionera a la hora de reconocer el derecho subjetivo en el espacio residencial digno.

4. Actualización de la Cartera de Servicios Sociales

De acuerdo con lo que establece la Ley 12/2007, de servicios sociales, es urgente la aprobación de la tercera Cartera de Servicios Sociales después de catorce años de vigencia de la actual. Para poder dar respuesta a las necesidades de atención social de la población, solicitamos que se tengan en cuenta las entidades que hacen acción directa en el proceso de elaboración del proyecto. Pedimos prestaciones de servicios, económicas y tecnológicas, que garanticen los derechos reconocidos de las personas y permitan una mejor intervención de la Generalitat y los entes locales.

5. Modificación de la ley de la renta garantizada de ciudadanía (RGC) y traspaso del ingreso mínimo vital (IMV)

Las rentas mínimas tienen que ser consideradas una parte integral del sistema universal de protección social y, por lo tanto, hace falta que esté garantizado el derecho subjetivo a unos ingresos mínimos para poder vivir dignamente. Por eso mismo hay que retomar la proposición de Ley de modificación de la Ley 14/2017 de la renta garantizada de ciudadanía, para una mejora en el acceso, la cobertura, la cuantía, la compatibilidad con las rentas del trabajo y las ayudas para la vivienda. Así mismo, pedimos que se haga efectivo el traspaso de la gestión de la IMV a la Generalitat, se firme el convenio y se armonice con la RGC.

6. Planes de ocupación y formación flexibles y que permitan la regularización

Pedimos que se mantengan y se amplíen las iniciativas de apoyo a la contratación, como las líneas ACOL y ESAL, potenciando especialmente aquellos recursos que permitan regularizar la situación de las personas por autorización de residencia y trabajo. Así mismo, hacen falta políticas activas de ocupación que permitan a las personas en situación administrativa irregular formarse.

Por otro lado, reclamamos más dotación de personal del Servicio de Autorizaciones, Ordenación Laboral y Responsabilidad Social del Departamento de Empresa y Trabajo para reducir el tiempo de espera de todos los trámites en relación con las autorizaciones de trabajo inicial. Además, pedimos la gratuidad de la tasa de modificación de residencia y trabajo (o al menos una equiparación con el precio establecido por extranjería).

Finalmente, proponemos la eliminación del concepto de políticas activas y pasivas y de la prestación de paro para flexibilizar las prestaciones según el mercado de trabajo existente, el precio de vida y la cobertura de las necesidades básicas. Para hacerlo posible, hay que avanzar hacia la concertación de políticas y crear el Consejo de Participación del SOC, para que el tercer sector pueda tener voz y voto en la definición de las políticas de ocupación.

7. Agilitar la emisión de todos los informes de extranjería y mejorar los trámites

Dentro de los procesos de extranjería es urgente una mejor gestión del informe de arraigo social, el de adecuación de la vivienda (requerido para los reagrupamientos familiares y la residencia de niños que ya viven en España) y el de esfuerzo de integración (para las renovaciones cuando no se cumplen algunos de los requisitos). Para lo cual, hace falta una nueva instrucción que regule todos los informes de extranjería competencia de la Generalitat donde se reflejen los cambios solicitados los últimos años por parte de las entidades: una validez superior a los 3 meses y la gratuidad en los supuestos que no lo son, entre otros.

Ante la posibilidad del traspaso de competencias, con relación al capítulo III, artículo 30 de la Ley 10/2010, de acogida de las personas inmigradas y de las devueltas en Cataluña, del 7 de mayo de 2010, aprobada al pleno del Parlamento el 28 de ’bril del 2010, pedimos que en el posible desarrollo de la Agencia de Migraciones de Cataluña, sea eficiente en la ejecución de políticas de migración y acogida que pongan en el centro las personas y los procesos que viven, con total respecto a los derechos fundamentales de los migrantes.

8. Protección efectiva de la infancia en situación de exclusión social

En consonancia con la Ley 14/2010, de los derechos y las oportunidades en la infancia y la adolescencia, reclamamos la protección de todos los niños con independencia del estatus migratorio de los progenitores, de forma que se haga prevalecer el interés superior del menor y quede protegido el derecho a la vida y la satisfacción de sus necesidades básicas, apostando por prestaciones universales y básicas. Por eso, pedimos la implantación de los servicios de intervención socioeducativa (SEIS), centros abiertos, previstos en la Cartera de Servicios Sociales de todo el territorio catalán. Así mismo, hay que ampliar los recursos para atender de manera adecuada la salud emocional de los niños.

Además, solicitamos el despliegue gratuito y universal de la etapa educativa de los 0-3 años de acuerdo con las recomendaciones de la Garantía Infantil Europea y los compromisos tomados por el Departamento de Educación. Pedimos que se trabaje conjuntamente con el Estado español en la implementación de la prestación universal para la crianza.

9. Garantía del derecho a la alimentación

Planteamos un modelo de gobernanza participativa de la gestión del sistema catalán de garantía alimentaria para el 2025 a través de la financiación de los fondos FSE+. Hace falta que el nuevo modelo vele por una alimentación equilibrada e inclusiva y que permita poner fin a las situaciones de inseguridad alimentaria.

10. Avanzar firmemente en las leyes de fortalecimiento del tercer sector social

En la última legislatura han quedado paradas dos leyes que afectan directamente a las personas más vulnerables y a las entidades sociales no lucrativas que los apoyan.

También, atendida la compleja situación mundial, para poder pensar en este futuro, entre otros, no podemos olvidar la transición ecológica. Hay que transformar las políticas públicas para poner fin a políticas que favorecen las riquezas escandalosas y las condiciones de degradación contrarias a la justicia y la paz. Hace falta una transición rápida y equitativa para desterrar los combustibles fósiles, frenar el calentamiento global y acabar con la injusticia hacia los pobres y las generaciones futuras.